Por Mónica Camacho

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE), César Huerta Méndez, es el responsable del retraso con el que se aprobaron las candidaturas de este año, situación que desencadenó una avalancha de desaciertos por parte del órgano comicial en el mes previo a la elección del 6 de junio pasado, incluidos los errores en la impresión de las boletas electorales, cuya corrección costó a la hacienda pública 5 millones de pesos. 

Documentación del IEE en poder de La Jornada de Oriente revela que el órgano comicial autorizó las postulaciones la madrugada del 4 de mayo pasado “sobre un listado con el que no se contaba”, debido a que César Huerta estuvo recibiendo documentación de los partidos cinco días después del plazo autorizado e incluso dio entrada a un expediente de manera posterior a la aprobación del registro.

Entrevistado sobre el tema en el programa Las Reporteras, que esta casa editorial difundirá en sus redes sociales a las 20 horas con 45 minutos de este lunes, el abogado José Alfonso Aguilar García aseguró que las conductas del funcionario pueden ser constitutivas de diversos delitos, por lo que este día dio vista de los hechos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla.- Anuncio –

Aclaró que las consecuencias no solo podrían recaer sobre el secretario Ejecutivo, ya que también podrían alcanzar a los siete consejeros electorales que aprobaron las candidaturas con expedientes incompletos o sin estos, así como a funcionarios de menor rango que tuvieron participación en las irregularidades. 

Acta exhibe a los responsables

La demora del IEE para aprobar la lista de candidatos fue evidente en mayo pasado, ya que estuvo a punto de provocar la suspensión de las campañas electorales, sin que se conociera con precisión quienes fueron los responsables. Un acta de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gasto dio claridad al asunto, al poner nombres y apellidos a las irregularidades cometidas.

El documento, que se identifica con la clave ACT/COPP-ORD-08/2021, da cuenta de un debate áspero que se dio en el interior de ese órgano del instituto el 15 de mayo anterior, por el atraso que ya enfrentaba en ese momento el órgano comicial en el proceso de impresión de las boletas.

Debido a que faltaban tres semanas para los comicios del 6 de junio, el consejero Juan Pablo Mirón Thomé manifestó su preocupación porque no había sido girado el informe correspondiente a las renuncias de abanderados presentadas por los partidos ni se había cumplido con “el cruce de la base de datos de las candidaturas”, necesario para solicitar la impresión de las boletas.

César Huerta, presente en la reunión, culpó de las omisiones a Iris del Carmen Conde Serapio, quien en ese entonces se desempeñaba como encargada de despacho de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gasto, área dependiente de la Secretaría Ejecutiva responsable de procesar las solicitudes de registro.

Aseguró que mediante memorándum de fecha 12 de febrero solicitó a Conde información sobre la logística y las acciones de coordinación para llevar a cabo el registro de candidaturas, pero nunca dio respuesta.

En su defensa, Iris del Carmen Conde Serapio dio a conocer que la Secretaría Ejecutiva la hizo a un lado del proceso de registro a fin de que César Huerta pudiera controlarlo con el apoyo de cuatro colaboradores de este último: su secretario particular, de nombre Guillermo, así como los abogados Alejandro Niklenson, Lorien y Rosana.

Según el testimonio de Conde, tras la aprobación de las candidaturas por parte del Consejo General el 4 de mayo pasado, César Huerta manipuló el sistema de registro de candidatos sin verificar la información, lo que provocó que el 5 de mayo aparecieran en los listados que el instituto hizo públicos en su página de internet nombres de aspirantes que no habían logrado el registro como candidatos independientes.

“El sistema se ha seguido cambiando todos los días, no ha habido día en que no introduzcan nueva información por instrucciones del Secretario Ejecutivo, a veces de manera directa, a veces por conducto del licenciado Guillermo, su secretario particular, obviamente no me lo dicen a mí, se lo dicen directamente a las personas que están a cargo de los diferentes partidos políticos”, agregó la funcionaria.

Los alcances de una mala gestión

Alfonso Aguilar, quien fue encargado de despacho de la Dirección Jurídica del IEE, consideró que todas las inconsistencias señaladas por Conde Serapio generan dudas sobre la legalidad de las candidaturas aprobadas para la renovación de las diputaciones locales y presidencias municipales, sin embargo, afirmó que el impacto va más allá del registro de abanderados.

Recordó que el instituto no tuvo en tiempo y forma la impresión de las boletas, lo que provocó retrasos en el reparto de los paquetes electorales a las mesas directivas de casilla, así como la llegada de paquetes electorales con documentación incompleta que obligó, en algunos lugares, el cómputo de votos en formatos hechos a mano.

“Lo que generó fue una falta de certeza y de legalidad, situación que no permitió que Puebla tuviera elecciones pacíficas. Hubo una generalidad de errores y para mí esos errores devinieron de malas prácticas-éticas profesionales por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE), entiéndase Secretaría Ejecutiva y Consejo General”, señaló.

Con Información de: La-Jornada-de-Oriente