El avance del proyecto con el que los partidos en la Cámara de Diputados buscan quitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se complicó ayer por falta de acuerdos, ya que a pesar de los “parches” anunciados ante las críticas, un grupo de al menos 90 diputados, más de 60 de ellos morenistas, lo rechazó por considerar que es una reforma “retrógrada” para la representación política de grupos vulnerados a los que pertenecen.

El proyecto de dictamen, cuya discusión fue aplazada por tercera ocasión anoche, se enfrentó a más cuestionamientos luego de que la diputada y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos, acusó a la bancada del PAN de haber negociado sus votos a cambio de incluir el apartado para frenar la intervención del TEPJF en la garantía de las acciones afirmativas.

La sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que se preveía discutir este dictamen ayer, arrancó con retraso y a los pocos minutos su presidente, Juan Ramiro Robledo, anunció un receso que se extendió por más de siete horas.

Paralelamente, la Junta de Coordinación Política —Jucopo, conformada por los líderes de los partidos— se reunió por un tiempo más allá de lo habitual. Al término, el presidente de este órgano, Ignacio Mier Velazco, anunció un “parche” a la reforma, mediante un artículo transitorio con el que no se revierten las limitaciones al tribunal, pero que buscaría la no regresividad para lo que hasta hoy han alcanzado los pueblos originarios y la comunidad LGBTIQ+, entre otros grupos.

La propuesta original de reforma había sido respaldada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de Movimiento Ciudadano (MC). Su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el proyecto, aun modificado, no va al fondo y se mantiene el objetivo de la iniciativa, que es, dijo, quitarle el carácter de tribunal constitucional al TEPJF.

“Con esta reforma se inhabilita al tribunal para dictar esa última palabra; se subordina al Tribunal Electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que decidan los dirigentes partidistas… Es, la verdad, un parche, como bien se dice”, declaró.

Insistió en que no colaborarán en una votación unánime, porque “no tenemos por qué validarles sus caprichos ni al dirigente de Morena ni al dirigente del PRI, que quieren violar el estatuto, el periodo para el que fueron electos”.

Más tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales reanudó la reunión y Juan Ramiro Robledo declaró una sesión permanente, debido a que el PAN y el PRI solicitaron “esperar un tiempo más”.

El legislador pausó la reunión para reanudarla este miércoles, pero permitió continuar con la conversación en la que diputados de Movimiento Ciudadano y hasta Morena manifestaron el temor de que se diera un albazo por parte de quienes sí apoyan el dictamen en sus términos, para convocar a reunión a cualquier hora, con poco tiempo de anticipación y aprobar el proyecto.

La morenista Susana Prieto Terrazas acusó al PAN y al PRI de generar “efervescencia” en medios de comunicación para hacer creer que Morena es quien quiere hacer “los movimientos”. Además de considerar que no es “cabal” lo que presuntamente hacen, les pidió debatir dentro de la comisión y no “en lo oscurito”.

Del mismo partido, Salma Luévano, una de las primeras mujeres transexuales en llegar a una diputación, anunció un rotundo no al dictamen, por considerar que quienes, como ella, ocupan el cargo gracias a las acciones afirmativas.

“No vamos a permitir una reforma regresiva, es una lucha de décadas en la que hemos dejado sangre, vida y aquí estaré defendiendo con dientes, uñas, garras, como sea, pero vamos a seguir defendiendo estos derechos que históricamente se nos deben”, dijo.

Finalmente, Irma Juan Carlos aseguró que el dictamen “se descompuso” en el camino, pues el apartado para limitar la intervención del TEPJF en cuanto acciones afirmativas no estaba contemplado originalmente por Morena.

Por ello, anunció que presentará una reserva para subsanar la inconformidad de los más de 90 diputados para proteger las acciones afirmativas, al señalar en la Constitución que haya una garantía para que cuando menos el 10 por ciento de diputados formen parte del pleno, que se lograría con la inclusión de 50 diputaciones, según el documento que compartió con La Razón.

La legisladora también propone que se aplicarán las normas vigentes en el 2021 para la renovación de los órganos de dirección de los partidos y los procesos electorales locales y federales del 2024.

“Senado no será oficialía de partes”

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta instancia legislativa no actuará como oficialía de partes, sino como una auténtica cámara revisora en caso de que reciba la reforma para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien planteó este tema entre las prioridades gubernamentales, así como lo relacionado con el cabotaje, la expropiación y hasta la ley minera, el líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta puntualizó que revisarán todos los instrumentos legales que reciban y defendió la autonomía de los senadores.

“Yo le dije (al secretario de Gobernación) que nos esperáramos a que llegaran. O sea, fuimos respetuosos, él fue respetuoso, pero yo defendí la autonomía del Senado y voy a defender siempre la autonomía del Senado”, manifestó.

Dijo que no quería decantarse en su opinión sobre las limitaciones al TEPJF, pero consideró que es un asunto delicado que la Cámara alta deberá revisar bien en caso de que avance en San Lázaro.

“El tema de la justicia electoral, donde se modifica la Constitución para aplicar literalmente preceptos que obviamente limitan la interpretación del órgano jurisdiccional y que sí es un tema delicado, diría yo sin pronunciarme en el fondo y que el Senado actuará con mucha responsabilidad en el caso de que nos llegase, actuaremos como auténtica cámara revisora”, declaró.

El también coordinador de Morena en el Senado mencionó que no quiere adelantarse a la petición que hizo el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, para que se debata el tema en un parlamento abierto, pero dijo que por el momento se debe llevar el asunto con prudencia.

“Yo tengo una buena opinión del presidente del Tribunal Electoral, es un buen abogado, y es un hombre observante del Estado de derecho. A veces es duro en la aplicación de la ley y así debe de ser.

“Pero yo le diría que ojalá y asumieran actitudes de prudencia y de no ventilarlo todavía en asuntos de carácter público, sino buscar la manera de cómo la Cámara de Diputados, con los coordinadores, o en el Senado, cuando nos llegue, verlo”, comentó.

Pide no acotar al Tribunal aunque “no es confiable”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó en contra de una reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que limite sus funciones, a pesar de que dice que no le tiene confianza.

“No veo con buenos ojos al tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) argumentó que no habían reportado, creo que, 10 mil o 12 mil pesos.

“No hay que limitarlos. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí; o sea, eso es vergonzoso”, reconoció.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que eso fue lo que ocurrió en el caso de los candidatos Raúl Morón, en Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, que habían sido sancionados por el Instituto Nacional Electoral y, a pesar de que el tribunal pudo modificar esa decisión, prefirió guardar silencio.

“Y se van al tribunal estos magistrados del tribunal y resuelven de que era una medida excesiva, entonces les ordenan a los consejeros del INE que modificaran la resolución, le insinúan de que los multen, pero que no les quiten el derecho a participar. Regresa el INE… No, el INE ratifica su resolución, y la regresa, no le hace caso al tribunal, y el tribunal les quita las candidaturas, en franca contradicción de su primera resolución”, acusó el mandatario.

Aunque reconoció que no conoce a fondo la iniciativa presentada por los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, López Obrador insistió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es un organismo en el que se pueda confiar.

“Entonces, usted me habla del tribunal y yo digo: Pues quién sabe cómo esté eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo. Y, ojalá y los estudiantes de Derecho, los abogados, revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no, y que me expliquen por qué legalmente actúa así el tribunal”, propuso el mandatario.

El 27 de abril del 2021, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que ordenaba retirar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

En esa misma sesión, los magistrados también aprobaron la pérdida del registro a Raúl Morón Orozco como candidato a la gubernatura de Michoacán.

La Sala Superior activó la vigencia de sustitución de candidatos para que Morena llevara a cabo el cambio de sus abanderados.

Sin embargo, en su resolución, se reconoció que el INE “realizó una interpretación conforme de la ley aplicable, impuso una sanción proporcional a la falta y no se vulneró el principio pro persona, con lo que declaró infundados los alegatos de las partes que impugnaron”.

Esta decisión es la que el Presidente López Obrador consideró que se trató de una injusticia.

La Sala Superior entrega compilado de resoluciones

Ante la intención de limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del órgano jurisdiccional entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados un compilado de las resoluciones que ha emitido sobre acciones afirmativas, para que tenga precisión sobre los alcances de las decisiones de los magistrados electorales.

El órgano electoral jurisdiccional, que preside el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, entregó a San Lázaro el paquete de decisiones que han tomado para maximizar los derechos humanos en materia electoral.

El documento detalla que desde la creación del Tribunal Electoral se han emitido 203 resoluciones en las que se han discutido las fronteras entre el derecho parlamentario y el electoral, a partir de los cuales “la Sala Superior ha consolidado una línea jurisprudencial que dibuja los bordes entre el derecho parlamentario y el electoral, en aras de maximizar la protección de los derechos humanos de índole electoral”.

“Se compila una síntesis de precedentes relacionados con las cuotas y medidas destinadas a garantizar que las mujeres, así como las personas indígenas, migrantes, con discapacidad y LGBTIQ+, puedan acceder a los cargos de poder y de toma de decisiones en condiciones de igualdad, de modo que tengan una representación política real y efectiva”, detalló.

El material entregado a los diputados refiere que de estos precedentes se extraen los principales criterios, tesis y jurisprudencias que trazan la línea jurisprudencial, respecto de las medidas afirmativas establecidas para cada grupo en situación de vulnerabilidad.

El documento contiene las acciones afirmativas en las dirigencias de los partidos, para personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas LGBTIQ+ y a favor de las mujeres.

Con información de: La Razón de México.