Opinión | Por: Antonio Tenorio Adame.

La destitución del presidente Pedro Castillo fue comentada en la “mañanera” por el Presidente de México como un acto provocado por las “elites privilegiadas” dando paso a la nota de extrañamiento de la Cancillería peruana calificándola como acto de injerencia.

La caída de Castillo es de difícil acceso, su calificación flota entre el golpe de Estado tradicional con facetas de ¿autogolpe?, ¿contragolpe?, ¿crisis constitucional?, o sumirse en una ¿“guerra de leyes”?

Debate por la negativa

Para empezar, fue una decisión basada en el padecimiento del presidente Castillo de incapacidad moral (o física, como señala el artículo 112 de la Constitución del Perú). Antes el mandatario ejerció sus facultades constitucionales al disolver el Congreso (134 Constitución). Sin conocer las minucias que marcan la diferencias, el procedimiento genera confusión, más aún cuando se añade que el presidente Castillo fue víctima de una equivocación en la lectura de su discurso.

Un suceso similar ocurrió en México cuando el presidente Vicente Guerrero, de origen afro indígena, fue “inhabilitado” por el Congreso el 17 de diciembre de 1829, consumándose un golpe de Estado animado por el vicepresidente Anastasio Bustamante en alianza con Lucas Alamán. Posteriormente fue fusilado, abriendo una herida en la memoria nacional.

A nivel continental, el caso peruano despertó opiniones relevantes de este problema, como es el caso de Lula da Silva, presidente del Brasil, quien con más cautela, señaló que la ruptura “había sido conforme a derecho”, además recomendó a los gobiernos de la región platicar más. Así también el Presidente de Argentina ha extendido la felicitación a la nueva mandataria.

En ese contexto, los dichos del presidente López Obrador requieren de ser consideradas dentro del marco de la diplomacia como forma de relación pacífica entre los pueblos, como también en el contexto de nuestra experiencia histórica de nuestra política exterior, para no caer en los lugares comunes del maniqueísmo de las redes.

Dentro de la tradición diplomática mexicana se observa en la época de la presidencia de Lázaro Cárdenas, se presentaron también acontecimientos internacionales que fueron desaprobados e incluso se actuó fuera de las vías diplomáticas como ocurrió con la donación de armamento a los republicanos españoles; por otra parte, se ejercitó el reconocimiento y asilo al gobierno de Manuel Azaña, presidente derrocado para que se reconstituyera sus funciones en el exterior de España.

Las tenues declaraciones del Presidente López Obrador no son comparables con las acciones desplegadas por la política exterior del presidente Cárdenas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Por qué una es señalada como injerencista y otra emblemática defensora de la humanidad?

Debate por la afirmativa

Para empezar, es necesario determinar el contexto que se presentan los sucesos del apoyo a la Segunda República española, se trataba de un gobierno constitucional que sufría el asedio militar de una fracción del ejército español con apoyo internacional de los países del Eje. Fue un ataque de expansión armada con “careta nacionalista”, como primicia nazifascista.

En ese contexto, México fue precursor en el rechazo de las fuerzas armadas del totalitarismo nazi cuando las potencias se mantenían indiferentes a la masacre promovida por Hitler y Mussolini, cuyos crímenes de lesa humanidad darían un saldo de 55 millones de muertes, la persecución y detención de judíos y minorías cautivas, exterminadas en campos de concentración y hornos crematorios.

Ante el horror de la supremacía expansionista del nazismo, la voz de la diplomacia mexicana fue una voz solitaria de protesta con una conducta firme y valerosa, como la del embajador Gilberto Bosques Saldívar, ilustre ciudadano poblano, quien de forma legal abierta y en condiciones aun de alto riesgo supo rescatar a miles de perseguidos para otorgar asilo en nuestro país. Hoy el reconocimiento a México y al embajador Bosques se expande en varias ciudades del mundo y en núcleos sociales de interés humanitario.

En cuanto la destitución del mandatario peruano son varios los factores que concurren en su remoción. El propio sistema político calificado como semipresidencial, donde no existe división de poderes sino concurrencia entre ellos; en cierta forma es posible generen la inestabilidad, tal como se aprecian los relevos presidenciales acelerados en un periodo de seis años y en particular como aconteció el proceso de destitución del presidente Pedro Castillo.

Los factores constitucionales se caracterizan primero por tratarse de un sistema unicameral con 120 diputados, es decir no existe un senado como cámara revisora, que sirva de contrapeso y apoye al presidente a fin de que no se quede a merced de un enfrentamiento de poderes, como ocurrió.

La tesis de López Obrador es que fueron los intereses de las elites la que removieron al presidente Castillo, sin descartar que ellas interactúen el espacio donde se dio el conflicto entre poderes que fue el legislativo con tres intentos desconocimiento de los diputados al Presidente. Ellos se apoyan en el artículo 113 de la Constitución que les otorga el derecho de “vacancia”, por diversas causas entre ellas la del inciso 2 sobre “su permanente incapacidad moral o física”.

El artículo 117 establece que “sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir elecciones o disolver Congreso, salvo en los términos del artículo 134, así como impedir la reunión del Jurado Nacional de elecciones”.

En tanto el artículo 134 faculta al Presidente disolver el Congreso si este en 2 veces ha censurado o negado su confianza al Consejo de ministros. Como se advierte en el relato de la destitución presidencial, este aconteció con la pretensión del presidente de disolver el Congreso sin cumplir con este precepto constitucional.

Se puede inferir que la destitución presidencial es producto de una prolongada e intensa lucha entre estos dos poderes, donde el Legislativo siguió con mayor apego la ruta de la Constitución con un sesgo partidista y excluyente.

Se promulga para su aplicación

De esta experiencia se deriva la importancia que se adquiere con el apego a las normas y procesos legales que constituyen la forma, con añadido de Jesús Reyes Heroles: “la forma es fondo”.

La situación es incierta. La movilización social avanza hacia Lima con el pronóstico posible que ocurra lo de 2019 en Ecuador cuando Quito fue asaltada por los inconformes de la provincia y doblegó al presidente Lenin Moreno a derogar la legislación antipopular de ordenamiento económico.

Facebook: Antonio Tenorio Adame