En México, la ley laboral permite que las y los adolescentes de 15 a 17 años de edad puedan trabajar. Existen una serie de restricciones para protegerles, por ejemplo, el artículo 176 de la LFT enumera una serie de actividades económicas que no pueden llevar a cabo por ser consideradas “peligrosas o insalubres”.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los sectores ganadero, de minería, agrícola y construcción son los sectores con más mano de obra infantil. La principal actividad para los menores de edad que trabajan (40%) es la actividad agrícola en México.
Hablemos de las reformas, en abril de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la reforma y este año fue descongelada en el Senado, con un foro organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En ese espacio, el organismo defendió las oportunidades laborales para las y los adolescentes.
El numeral 8 del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca como no permitidas para los menores de edad. Pero la reforma le puso un agregado, con lo cual esos trabajos estarían prohibidos sólo si implican “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.
No obstante, dentro de los campos agrícolas, por ejemplo, será difícil que no se expongan a los químicos que utilizan las empresas como fertilizantes o plaguicidas, afectando los medios de trabajo para los infantes y teniéndolos en un estado vulnerable; ahora bien, la reforma es contraria al interés superior de los menores, establecida en convenios internacionales en la materia”, como el T-MEC.
El T-MEC prohíbe las peores formas de trabajo infantil y, según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se considera como tal “el trabajo
que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
Es por ello que todas las reformas que se emplearán deben de ser analizadas a profundidad y con detalle, pues existen éstas lagunas dentro de diferentes ordenamientos jurídicos; siempre pensando en los intereses superiores de los niños y por lo tanto otorgarles una herramienta de trabajo bien elaborada para su desarrollo.