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Universidades rechazan Ley de Educación por perder canonjías: Barbosa

-Acusó al Consorcio Universitario de Puebla de ir en contra de la nueva legislación debido a que perjudica sus intereses económicos

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó al Consorcio Universitario de Puebla de ir en contra de la Ley de Educación que propuso y que fue aprobada el 15 de mayo, debido a que perjudica sus intereses económicos y porque la agrupación ya no recibe las “canonjías” que antes tenía.

La aprobación de la ley se convirtió en tendencia en Twitter este domingo, tras una nota que publicó el Heraldo de México, en la que se señala que, con la nueva iniciativa, Barbosa se haría del control de los colegios privados de la entidad.

A través de su cuenta de esa red social, el mandatario refirió que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país.

La ley fue rechazada por el Consorcio Universitario de Puebla, que agrupa a las universidades con mayor matrícula en el estado, como la BUAP, Upaep, la Ibero, la Udlap, la Anáhuac y la Universidad Madero.

Ley local se apega a federal, defiende Barbosa

El gobernador señaló que la Ley de Educación que se aprobó en Puebla, a iniciativa de él, retoma lo previsto en la normativa federal, y aseguró que su alcance no tiene que ver con apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas, sino que estos sirvan para fines educativos.

En su artículo 94, la ley estatal refiere que los edificios de particulares que sean destinados a la educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”, se indica en el documento.

En ese sentido, insistió en que su intención no es que la administración estatal se apropie de las sedes de los colegios privados, sino que estos sirvan para fines educativos, que es para lo que fueron dispuestos por los particulares.

Sobre este punto el Consorcio Universitario cuestionó que los diputados se hayan opuesto a aclarar las dudas de las instituciones y que la redacción de la nueva ley estatal no precise sus alcances, lo que violenta el principio de legalidad, propicie una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, un estado de indefensión.

Barbosa calificó hoy como “pomposo” al Consorcio Universitario y refirió que su oposición a la ley tiene que ver con que los integrantes de este organismo –los rectores de las universidades privadas– ya no reciben las canonjías que recibían en otros gobiernos.

La nueva Ley de Educación también faculta al gobierno del estado para que regule los nombres y colores de las escuelas, tanto públicas como privadas, a fin de que estos sean “neutros” y no exalten a un gobierno, un funcionario o un sindicato.

Así lo advierte el artículo 101 de la iniciativa: “los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro. Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”.

La norma también prohíbe a las escuelas privadas la retención de documentos personales o académicos por falta de pago de colegiaturas. Además, busca impedirles que condicionen inscripciones o servicios por la compra de uniformes o contratación de actividades extraescolares.

Padres de familia, representantes de escuelas particulares y rectores de universidades criticaron la aprobación “fast track” de la nueva Ley de Educación de Puebla por parte de los diputados de Juntos Haremos Historia.

En declaraciones al diario Reforma, el rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón Sánchez, señaló que el consorcio analiza la presentación de acciones legales en contra de la ley propuesta por Barbosa.


Con información de e-Consulta

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