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Aprueban que número de militantes de un partido no sea causa de pérdida de registro

También se aprobó eliminar la facultad de la Oficina de la Presidencia de la República para difundir el Derecho a la Memoria de la Nación.

• También se aprobó eliminar la facultad de la Oficina de la Presidencia de la República para difundir el Derecho a la Memoria de la Nación

La Comisión de Gobernación y Población, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo, aprobó adicionar un numeral 2 al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de que la acreditación del número de militantes del 0.26 por ciento del padrón electoral, federal o local, no sea la causa de la pérdida de registro, respecto de aquellos que habiendo participado en un proceso electoral satisfagan la cantidad de apoyo popular.

El dictamen subraya que la modificación para precisar y clarificar una causal de pérdida de registro no vulnera ni excede el texto constitucional, ya que la Carta Magna dispone que “…El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro…”.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) señaló que esta reforma fortalece al sistema de partidos. Con la adición, dijo, queda muy claro que nada más el partido que no alcance el tres por ciento en cualquier elección pierde su registro, no por el hecho de que no tenga el 0.26 por ciento de afiliados del padrón electoral.

En tanto, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) resaltó que si un partido obtiene tres por ciento de la votación o más en una elección, tiene una representatividad mínima para ser partido político. Aclaró que, con la reforma, “no significa que los partidos ya no van a tener la obligación de tener padrones, porque se tienen que respetar los derechos de los militantes”.

El diputado Santiago González Soto (PT) consideró que es necesario fortalecer a los partidos, porque han sido los más cuestionados y “creo que tenemos que ganarnos la confianza de los mexicanos”.

La comisión también aprobó un dictamen que deroga la fracción III del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de eliminar la facultad de la Oficina de la Presidencia de la República de difundir el Derecho a la Memoria de la Nación.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) señaló que la Oficina de la Presidencia de la República “nunca debió estar facultada para preservar la memoria histórica del país. Eso, como bien lo corrige el dictamen, es una atribución que debe realizar el Archivo General de la Nación”.

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