Los únicos encantados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay.
José Saramago
Hace aproximadamente dos años y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora los días 30 de agosto de cada año, el presidente López Obrador anunció la creación de una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, coloquialmente conocida como Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, cuyo objetivo es el esclarecimiento, investigación y sanción de los crímenes cometidos durante el periodo en cuestión, así como la reparación del daño infligido a las víctimas y las garantías de no-repetición de los hechos (Decreto de creación, 06/10/2021).
Una de las críticas que se han hecho a la Comisión es que la misma está integrada mayoritariamente por funcionarios públicos de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos ellos tienen voz y voto. En cambio, los cinco consejeros ciudadanos tienen que nombrar a uno de ellos para votar en la comisión, el resto no tiene derecho. Hay una exagerada presencia de representantes de gobierno en detrimento de expertos independientes de la sociedad civil (Jacobo Dayán, experto en Justicia Transicional y Derechos Humanos. https://bit.ly/3BTGqLI).
Otra de la críticas o limitantes que ve el Mtro. Dayán es el hecho de que el decreto que crea la Comisión de la Verdad no obliga al ejército a abrir sus archivos e instalaciones para ser investigados, problema muy actual por el que está pasando el Mecanismo con los archivos. Otra crítica o limitante que ve Jacobo Dayán es la fecha del término de trabajo de la comisión en septiembre de 2024 y, añade; cuando la experiencia en otros países indica que se debe dejar abierto al tiempo necesario para hacer una investigación a fondo sobre las violencias estatales investigadas. Otro de los cuestionamientos muy válidos que hace Dayán, es la temporalidad del proceso investigativo. El mandato de investigación de la Comisión se limita hasta el año 1995 dejando fuera de su alcance indagar las violencias estatales que se han cometido de 1996 en adelante, entre ellas la masacre de Acteal, cometida por paramilitares protegidos por el Estado en diciembre de 1997.
Recordemos que en el gobierno del cruzado guanajuatense Vicente Fox en el 2001, se creó la Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con dos objetivos: saber la verdad sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos producto del desarrollo e implementación de políticas represivas sistemáticas por servidores públicos del gobierno de México durante la década de los sesenta, setenta y ochenta. El trabajo central de la FEMOSPP era investigar los delitos (genocidio) del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como en la llamada Guerra Sucia. La FEMOSPP logró que al genocida Luis Echeverría le dictarán prisión domiciliaria.
La labor de la Fiscalía quedó impresa en el Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana. En su informe final, la FEMOSPP, señala lo siguiente:
Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros. A pesar del trabajo de la Fiscalía, actualmente, decenas y quizá cientos de compañeras y compañeros y sus familiares siguen esperando que finalmente se haga justicia por los agravios que sufrieron.
Esperamos que con esta Comisión de la Verdad no le pase lo mismo que la FEMOSPP y no sólo se quede en recabar los testimonios de las víctimas como lo ha hecho hasta ahora y de el paso siguiente: la judicialización de los casos graves de violaciones a los derechos humanos. Un elemento que empieza a preocupar es el hecho de qué institución resguardará los testimonios que ha recopilado la Comisión y las medidas de seguridad para que no caigan en manos extrañas, por decir lo menos.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución A/RES/65/196 proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Con dicha proclama, la ONU pretendía promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. El derecho a la verdad, la memoria y a la justicia, es una triada indisoluble en el enfoque para la investigación de este tipo de violencia del Estado.
En marzo del 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el cuál determinan que, mediante el derecho a la verdad, se busca la reconstrucción y reivindicación de la memoria de las miles de personas que han desaparecido, así como restaurar su dignidad con el fin de lograr que las heridas producto de la violencia y el conflicto social vivido puedan cerrarse. …. El derecho a la verdad se encuentra incluido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener, de los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos.
En el Caso Niños de la Calle vs. Guatemala de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó el derecho a la verdad como un elemento importante frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones por parte de los Estados.
En nuestra entidad hemos padecido desde hace mucho tiempo, la violencia estatal y la omisión del Estado en pleno contubernio con grupos caciquiles en diferentes épocas que han dado como resultado matanzas como la de los maestros mártires de Teziutlán, la matanza de Monte de Chila, la matanza de trabajadores universitarios en Canoa, el asesinato de líderes universitarios y ataques a la Universidad (1 de mayo, de 1973); asesinato de líderes sociales y políticos o el caso del asesinatos de habitantes de la comunidad de Coyomepan, en mayo del año pasado.
En virtud de ello, un conjunto de organizaciones entre las que se encuentran Colectivo con Amor y Esperanza hasta Encontrarlos, el Barzón Poblano, Colectivo Hermanos Serdán, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Convención Democrática de Izquierda Poblana y el Dip. Alejandro Carvajal, están convocando para el próximo sábado 26 del presente mes a las 10 en el Instituto de Ciencias Jurídicas al Foro Graves Violaciones a los derechos humanos en Puebla 1970-2023, en el cual se presentarán los siguientes casos: Masacre de Monte de Chila; Desaparición del Profr. Bonifacio Uribe; Huauchinango, el asesinato de Griselda Tirado Evangelio; Muerte de Sebastián Guzmán Arce, San Francisco Ocotlán; Caso Chilac, Mixteca Poblana; los muertos políticos de Moyotzingo, Texmelucan, Pue; La masacre de Coyomeapan, Pue; el asesinato de Joel Arriaga; Graves violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle; Represión estudiantil del Primero de Mayo de 1973; y el asesinato de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna.
Contaremos con la presencia de David Fernández Dávalos, de la Comisión de la Verdad y la Justicia, entre otros compañeros de la comisión.
A diferencia de la CDMX, donde gobierna Morena y que en el mes de mayo pasado, el Congreso local aprobó la Ley de Memoria de la Ciudad de México, en nuestro estado no se ven visos de voluntad política de aprobar una Ley Estatal de la Memoria y mucho menos, crear una Comisión Estatal de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El mismo partido y dos formas muy diferentes de actuar y gobernar.
Finalmente, las esperanzas en una nueva primavera guatemalteca han renacido con el contundente triunfo de Bernardo Arévalo, su partido Movimiento Semilla y su promesa de campaña de luchar contra el pacto de los corruptos. Felicidades al pueblo de Guatemala, a su presidente electo y al movimiento Semilla.
Ecuador, triunfa la lucha contra el extractivismo y la minería
A la par del proceso electoral, las y los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en las consultas populares para la protección de dos áreas naturales: el Yasuní y el Chocó Andino. En el primer caso, los ecuatorianos se pronunciaron por dejar el petróleo bajo tierra y no explotarlo más y en el segundo, dieron un rotundo ¡No! a la explotación minera en la región del Chocó. Sin duda, estas consultas se convertirán en un gran ejemplo para los pueblos que luchan en nuestro continente en defensa de su territorio, su agua, ríos, bosque y en especial, en defensa de la vida. A raíz de los resultados en Ecuador, en Brasil, empezaron a surgir voces para hacer lo mismo en la amazonia brasileña. Evidentemente, estas consultas y sus implicaciones no están en la portada de los grandes diarios del continente y mucho menos, en los grandes medios de comunicación electrónicos y tampoco en los discursos de los políticos y sus partidos, ¿por qué será?
Nos dijeron que utilizarían tecnología de punta, pero los derrames se volvieron muy comunes. Se contaminaron los ríos, murieron los peces, los animales, y nadie nos apoyó. Mis abuelos, mis padres, nosotros crecimos aquí. Por eso vamos a defender el Yasuní para nuestros hijos.
Don Óscar Machoa, curandero kichwa