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Jueza da 24 horas a SEP y Conaliteg para la revisión de Libros de Texto Gratuitos

Dos meses después de que la jueza federal del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, ordenara a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), suspender la impresión y distribución de los nuevos libros de texto para primaria y secundaria hasta que no se verifique el cumplimiento del plan de estudios en su contenido, previa consulta con maestros, especialistas docentes y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), sin que esto se haya cumplido, este lunes la magistrada presentó un segundo apercibimiento a la Secretaría de Educación para que en un plazo de 24 horas se cumpla con la revisión de los libros en cuestión.

La magistrada del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, solicitó a la SEP y a la (Conaliteg) que en el plazo establecido acrediten con las constancias respectivas de que se acató el cumplimiento de la medida cautelar ordenada.

ANTECEDENTE

En la resolución, que deriva del amparo 784/2023 por el amparo otorgado el pasado 25 de mayo a la Unión Nacional de Padres de Familia, la juez subraya que la suspensión definitiva concedida contra la impresión de los textos de primaria y secundaria, no cancela el proceso, sino que lo condiciona para que las autoridades educativas aprueben que se ha cumplido con los planes y programas de estudio y que se cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación.

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“La suspensión se concede para que las autoridades responsables (SEP y Conaliteg), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio”, destacó la magistrada.

Autoridades educativas han sido omisas

En este contexto, el pasado 29 de junio, la jueza resolvió que las autoridades educativas han sido omisas y desacataron la suspensión ordenada, por lo que en esa ocasión había dio un plazo de tres días para que se cumpliera con lo señalado, lo cual no ocurrió.

Además la SEP y la Conaliteg reconocieron que el plan de estudios del próximo ciclo escolar no ha sido publicado aún en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y clasificaron con etiqueta de información reservada y confidencial los programas y planes de estudios de los contenidos del nuevo programa de estudios, lo que exhibe que ni docentes ni especialistas y mucho menos la Unión de Padres de Familia han tenido acceso a los contenidos del citado plan educativo.

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CONSECUENCIA

En caso de no acatar el nuevo fallo, el caso se turnará al Ministerio Público de la Federación, bajo la acusación de desacato para que se proceda a la aplicación del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece una pena de tres a nueve años de prisión, una multa de 50 a 500 días, la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra y en el que esté con proceso vigente.

Con información de: La Crónica de Hoy.

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