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Congreso aprueba Dictamen para declarar el 11 de Mayo como “Día Estatal de la Lucha contra la Violencia Vicaria”

– Diputadas y diputados presentaron Iniciativas en materia de reinserción social, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para expedir la Ley de Imagen Institucional
– También presentaron un exhorto para el Ayuntamiento de Tehuacán

En sesión pública ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen para declarar el 11 de Mayo de cada año como “Día Estatal de la Lucha contra la Violencia Vicaria”, que será de importancia para coadyuvar en la defensa y los derechos de las mujeres, así como en la erradicación de este tipo de violencia, señaló la diputada Aurora Sierra Rodríguez.

El Dictamen establece que la denominación del “Día Estatal de la Lucha Contra la Violencia Vicaria” deberá usarse en la documentación oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de organismos constitucionalmente autónomos, así como los 217 ayuntamientos, durante el mes de mayo de cada año.

También considera que para la fecha en mención se deberán realizar campañas enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia; además de establecer que el 11 de mayo se iluminen los espacios públicos y se coloque un listón de color morado.

Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa presentada por la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos para adicionar la fracción I bis al artículo 12 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de implementar mecanismos y procedimientos que garanticen la atención expedita, eficaz, confidencial, segura, accesible y multicultural de las víctimas, a través de medios digitales y el uso de las tecnologías de la información.

Además de enfoques de accesibilidad e inclusión que permitan la atención oportuna de personas con alguna discapacidad, así como de integrantes de los pueblos originarios. La Iniciativa fue turnada a la  Comisión de Igualdad de Género, para su estudio y resolución correspondiente.

Durante la sesión, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una Iniciativa para reformar los artículos 120 y 121 del Código Penal del Estado de Puebla, que permita un proceso de reinserción social efectivo, así como establecer un órgano de vigilancia estatal que supervise que los derechos de las personas privadas de su libertad no sean vulnerados.

La Iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación.

En más del orden del día, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, en conjunto con la diputada Karla Rodríguez Palacios y el diputado Jaime Natale Uranga presentaron una Iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado de Puebla. El propósito es establecer lineamientos y criterios para regular la imagen Institucional, su uso, así como la difusión que se le dé, de los entes públicos de los tres poderes del estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos, la cual debe ser acorde a la pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural, así como a los valores, usos y
costumbres que distinguen al Estado de Puebla; omitiendo, cualquier alusión a persona alguna, partido político u organización privada o social cuyo objeto sea diferente al ejercicio gubernamental.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolución procedente.

Por su parte, el diputado Adolfo Alatriste Cantú presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal de Tehuacán, para que, en coordinación con la dirección de Seguridad Pública Municipal, ejecuten las acciones necesarias para reducir el nivel de inseguridad que se presenta en el municipio. En tribuna, el legislador refirió la necesidad de hacer una revisión de las finanzas del
ayuntamiento y la gobernabilidad de Tehuacán.

Así como exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, para que continúen con las investigaciones y logren dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández.

El Punto de Acuerdo fue dirigido a las Comisiones unidas de Procuración y Administración  de Justicia, y de Seguridad Pública para su análisis correspondiente.

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