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Van tras auditor por violencia familiar y se ampara contra detención

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Francisco Romero Serrano, tramitó un amparo dos días antes de conocerse la orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia familiar, sin embargo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que no habrá impunidad.

A través de su abogado el 20 de diciembre inició un juicio para evitar ser aprehendido por cualquier autoridad.

Así consta en el expediente número 1210/ 2021, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con el cual pidió la protección de la justicia federal en contra actos reclamados por Karla Patricia Ambrosio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula.

Su recurso no combate únicamente la orden de captura librada por esta juez, sino también contra posibles acciones de otras autoridades, pero el 24 de diciembre a las 9:05 horas se resolverá la petición de la suspensión.

Emiten orden de captura

La orden de aprehensión contra Romero Serrano se emitió por el presunto delito de violencia familiar ejercida en contra de su pareja sentimental y su hijo menor de edad.

La orden de arresto se giró por la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas tras una denuncia radicada bajo la carpeta de investigación 009382/ 2021.

Aunque ninguna autoridad estatal se ha pronunciado al respecto ni han confirmado la orden de captura, no es nueva la violencia familiar ejercida por este personaje.

El 27 de octubre e-consulta ventiló a través de la Corte de Los Milagros esta situación, incluso ya común entre Francisco y Joseline en su lugar de residencia, el fraccionamiento exclusivo La Vista Country Club.

Ese día se dio a conocer que un sábado por la mañana la pareja desató un pleito a gritos, golpes y hasta con armas de fuego, situación que despertó y alertó a otros residentes.

Se supo que los guardias de seguridad privada del fraccionamiento tuvieron que ayudar a la hoy denunciante, quien era perseguida por las calles del residencial, al grado de que policías del municipio de San Andrés Cholula llegaron a la zona para intervenir y tomar conocimiento de los hechos.

Advierte Barbosa que no habrá impunidad

Tras ventilarse el caso el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que en la entidad no hay ni habrá impunidad para Romero Serrano u otros personajes, por lo que se perseguirá a quien transgreda la ley.

En su videoconferencia de prensa de este miércoles aseguró que no tiene mayor información sobre la orden de arresto, pero calificó de lamentable el hecho y explicó que para emitirse la orden debió existir una averiguación previa que ponga al auditor como sospechoso.

Aunque señaló que es un asunto que le preocupa, llamó a servidores públicos a tener un comportamiento ejemplar, austera y sin arrogancias.

Aquí no hay impunidad en Puebla, cualquier transgresión a la ley se investiga, no tengo información de la orden de aprehensión, sí me preocupa. De todos los servidores públicos debe haber un comportamiento ejemplar, deben ser muy cuidadosos, austeros, actuar con mucho respeto frente a todos; ya no es el tiempo de las francas chelas, para este gobierno se acabaron las reuniones públicas, de servidores públicos con gente importante, no se debe acudir a bares, tables, eso no puede ser”, sentenció sin aclarar si se refería al auditor.

Barbosa Huerta insistió en tener un comportamiento ético y moral, pues quien no lo entienda “que tome sus decisiones, pero hoy, los servidores públicos deben tener ese comportamiento y desempeño. Yo espero que nunca más se repitan esas actitudes, los escándalos públicos”, refirió.

Semanas en la cuerda floja

Desde el 4 de noviembre Barbosa Huerta envió iniciativas al Congreso del estado para establecer nuevas causas de destitución de la persona titular de la ASE y facilitar los requisitos para nombrar un relevo.

Las reformas aprobadas por unanimidad facultaron al Congreso para destituir a la persona titular de la ASE por contravenir los principios a los que se debe ajustar la función, o por incurrir en “faltas administrativas graves”.

Entre las “faltas graves” destacan: ausentarse de sus labores por más de un mes o retrasar por más de un año sin justificación válida la entrega de los informes de fiscalización, o por ejercer el cargo sin “satisfacer los requisitos de ley”.

La diputada local de Morena, Olga Romero Garci Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE, ya había anticipado que, aunque no es retroactiva, comenzarían a “vigilar exhaustivamente” a Romero Serrano como parte de las nuevas medidas anticorrupción.

Con información de E-Consulta

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