Para frenar los actos de discriminación que han sufrido trabajadores de la salud durante la pandemia de coronavirus, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, propuso reformar el Código Penal local para establecer hasta seis años de cárcel a quien incurra en esa conducta.

La modificación se planteó al artículo 357 del ordenamiento antes referido, el cual sanciona la discriminación que provoque o incite al odio o a la violencia, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, veje o excluya a persona alguna o grupo de personas y niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo.

El Código Penal vigente sanciona la discriminación con prisión de uno a tres años y una multa que puede ir de 100 a 500 días, mientras la iniciativa de Barbosa sugiere agravar la pena cuando el delito se cometa contra médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria.

De acuerdo con la iniciativa, que ingresó ayer al Congreso de Puebla para su revisión, la pena más alta sería de seis años de prisión y la más baja de tres años.

El proyecto también incorpora el artículo 438 bis dentro del capítulo del Código Penal que se encuentra dedicado a los delitos por hechos de corrupción, para estipular que si estos son “cometidos en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia” la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos.

La Comisión Permanente turnó el proyecto a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para que sea revisado y dictaminado por los legisladores que integran ese organismo que preside la diputada de Morena María del Carmen Cabrera Camacho.

Con información de La Jornada de Oriente