A propósito del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, organizaciones sociales y políticas agremiadas en el Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y contra su Privatización exigieron la abrogación de las reformas a la Ley de Aguas nacional y estatal que permitió la liberación de 420 concesiones mineras altamente tóxicas en la Sierra Norte y Nororiental de la entidad.

Durante una jornada informativa en el asta bandera del zócalo de ciudad, los activistas denunciaron que se requieren entre 400 mil y 3 millones de litros de agua para sacar el oro y la plata de las montañas del estado, donde alertaron un “gran ecocidio”.

En su intervención, Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea Social del Agua y Colectivo Hermanos Serdán, argumentó que la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 19 menciona expresamente que el agua en el país es preferente para las actividades mineras, no para el consumo humano.

Por lo tanto, advirtió que mientras siga vigente esta norma implementada desde el sexenio del priista Carlos Salinas Gortari, los poblanos seguirán siendo rehenes de las grandes empresas transnacionales.

Este es el caso, señaló de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, propiedad de la familia Gutiérrez Cortina, quien también es dueño de la empresa Gutsa, la misma que construyó el Museo Internacional Barroco en Puebla.

Al respecto, dijo que paradójicamente esta empresa se encuentra sancionada por la Secretaría de la Función Pública, y no debería de permitírsele construir nada en ninguna parte del territorio mexicano.

De entrada esta postura deslegitima el título de concesión por el que obtiene la administración del servicio del agua en Puebla por los próximos 30 años.

Por esta razón, explicó que no solo se tiene que luchar contra la Ley Nacional de Aguas, sino además empujar una demanda para la abrogación de la Ley Minera que en su artículo 6 expresa claramente que la minería en el territorio nacional es prioritaria sobre cualquier otra actividad, ya sea agrícola, pecuaria o forestales.

“No es posible que este tipo de leyes estén enajenando el futuro y sustento de nuestros hijos y nietos”, reclamó.

Ante lo expuesto, Pérez Muñoz dijo que hoy en el territorio nacional es fundamental y prioritaria la explotación minera, de gas y petróleo.

“Si quieren explorar gas que lo hagan en Lomas de Angelópolis y que dejen de estar jodiendo a las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país y de nuestro estado; no más violaciones a los pueblos originarios”.

En el caso de la marca de agua embotellada “Agua Santa María” de la empresa Nestlé, acusó que el líquido es extraído de la localidad de Santa Rita Tlahuapan, donde se paga hasta 100 veces más el precio.

En ese sentido, demandó al gobierno estatal y a los municipales instalar bebedores públicos como lo indica la ley

A los escuchas preguntó: ¿quién conoce un bebedero público en la ciudad?, recibiendo un rotundo no en respuesta.

Gerardo Pérez dijo que es obligación del gobierno estatal y de los ayuntamientos instalar bebedores públicos para frenar el gran negocio que resulta el agua embotellada.

En tanto, señaló que los políticos se “llenan la boca” diciendo que defienden al pueblo, cuando permiten que la empresa Concesiones Integrales genere deudas hechizas y corte el servicio del agua y drenaje a la gente, a pesar que violenta sus derechos y la Constitución.

Aunado a lo anterior, agregó, que tampoco se sigue correctamente un juicio entre la empresa y los usuarios.

Al final, demandó a las autoridades que en lugar de condonar impuestos multimillonarios a empresarios beneficiados con la privatización del agua se dote del servicio, así como de hospitales y escuelas a todas las comunidades del país.

“La tendencia a nivel mundial es la remunicipalización del agua, como ya sucedió en Paris, Buenos Aires, Milán y 56 ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, cuando en Puebla ocurre todo lo contrario”, concluyó.

Con información de: La Jornada de Oriente