Celebro el interés de los diferentes actores de la sociedad civil ante este tema tan importante que es el agua. Agradezco todos los comentarios, sugerencias y como Ayuntamiento reitero que siempre hemos tenido las puertas abiertas.

Sin embargo, es preciso aclarar algunos puntos sobre la iniciativa enviada al Congreso del Estado. A pesar que funcionarios y regidores de mi gobierno lo han aclarado, estamos dispuestos a volver a clarificar el contenido del decreto propuesto por el Ayuntamiento cuantas veces sea necesario.

Cabe mencionar que esta iniciativa fue aprobada por todas las expresiones políticas que están representadas en el Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad con la finalidad de que fuera enviado al Congreso del Estado.

El Municipio cuenta con un Organismo Público Descentralizado encargado de la administración del agua con personalidad jurídica y patrimonio propio que presenta entre otras las siguientes deficiencias:

• Cuenta con un decreto vigente, aprobado por el Ayuntamiento en 1991, es decir hace casi 30 años no se le ha hecho ninguna modificación, a pesar de algunas deficiencias, por ejemplo:

• No hay certeza en el cómo está conformado el Consejo de Administración, ya que no se especifica cómo se habrán de elegir sus miembros, incluso el decreto original contiene nombres de personas quitándole la certeza a la integración del Consejo.

• El decreto vigente en el artículo quinto fracción tercera señala que habrá un representante del Ayuntamiento y en el artículo sexto menciona que es representante del Presidente, de hecho, el Decreto vigente señala al Ingeniero Tomás Pantoja Romero como representante.

Es totalmente falso que los comités de Agua serán modificados o eliminados por el Decreto Propuesto por este ayuntamiento.

SOSAPATEX de acuerdo a la propuesta enviada al Congreso del Estado seguirá siendo un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y por lo tanto patrimonio propio, muy independiente de la Administración Pública centralizada.

Este Ayuntamiento con las facultades otorgadas por la Constitución simplemente propone una actualización necesaria a un marco jurídico que data desde hace 30 años. Sin embargo, el Congreso tiene la última palabra.