
Imagen: Reporte Indigo
Dos días después de que iniciaron las campañas presidenciales de 2018, la entonces PGR compró por más de 4 millones de dólares un software espía para geolocalización de celulares; en esta investigación conjunta con la organización R3D, se evidencia cómo el uso de esta herramienta y de otras para la intercepción de comunicaciones, son utilizadas de manera arbitraria, poniendo en riesgo derechos fundamentales como el de la privacidad.
En México la privacidad más que un derecho, se ha convertido en un lujo. Sin controles y de manera arbitraria, las principales instituciones de seguridad tanto a nivel nacional como estatal, han adquirido y utilizado hardware y software para fines de espionaje.
La compra de estas herramientas no es ilegal, sin embargo, su uso sin cumplir con las leyes que marca la Constitución, sí lo es, pues con ellas se vulneran derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la información y la presunción de inocencia.
“Hasta donde nosotros sabemos el uso de estos programas se hace de manera legal, sin embargo, también se pueden usar de manera arbitraria por un mando, o incluso por la encargada que está ahorita, o del RT, que es el Responsable técnico; el señor conoce a gente de SEIDO y de los Ministerios Públicos a quienes sencillamente puede manejar.
Ahí no nos lo dicen, pero de que es posible pues sí lo es. Hay manera. Por ejemplo, los encargados o titulares de estos programas cuentan con consultas a su libre disposición. Y esto lo sabemos porque así se ha manejado durante años
– Empleado De La SEIDO
Anónimo
LA ADQUISICIÓN DE GEOMATRIX
El 2 de abril de 2018, la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual dependía de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), adquirió por un monto total de 4 millones 564 mil 252 dólares norteamericanos, el software de espionaje Geomatrix, el cual podría ser utilizado hasta el 31 de diciembre del mismo año con posibilidades de extender su uso por hasta tres meses más, es decir, hasta marzo de 2019.
La adquisición de esta tecnología, la cual desarrolla la empresa israelí Rayzone Group, se realizó a través de una compañía intermediaria en México llamada “NEOLINX DE MÉXICO”, S.A. DE C.V., misma que en junio de 2014 fue reconocida por la empresa de tecnología italiana Hacking Team como su intermediaria exclusiva, la cual, a su vez, está ligada a la presunta compra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2015 del Servicio de Monitoreo Remoto de Información, mejor conocido como Galileo.
Un programa que un año antes compró la PGR a través de Tomás Zerón, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y cuya función es infectar las computadoras y celulares de blancos distintos para robar toda su información.
De acuerdo con el Anexo Técnico del contrato —el cual se encuentra en posesión de Reporte Indigo— para la compra del programa Geomatrix, el cual menciona como administrador del mismo al Director General del Cuerpo Técnico de Control, José Sigifredo Valencia Rodríguez, el Servicio de Localización Geográfica en Tiempo Real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica para 25 usuarios con acceso al servidor simultáneamente, dotó a esta institución con la capacidad para realizar 255 mil 500 búsquedas sin que exista un límite diario para teléfonos con tecnología 2G, 3G y 4G (LTE).
Llama la atención el periodo en el que se adquirió el elevado número de geolocalizaciones, pues dos días antes de que se firmara y reservara la información del contrato por 5 años, comenzaron las campañas electorales de 2018 (30 de marzo de 2018).
“En su momento estos programas se usaron cuando estaban las campañas para espiar a todos los candidatos”, revela una de las fuentes que pidió conservar su anonimato al interior de la SEIDO.

Entre 2016 y 2017, solamente alrededor del uno por ciento de las veces que se ejerció Localización Geográfica en Tiempo Real se hizo con una autorización judicial previa
Con información de: Reporte Indigo